LUCHA POR EL EXCEDENTE FISCAL, HIPERINFLACIONES, PRIVATIZACIONES Y NUEVA ALIANZA ECONÓMICA EN LA ARGENTINA.

 

EL DESARROLLO ECONOMICO EN AMÉRICA LATINA:

En América Latina la concepción ideológica liberal influyó en forma decisiva sobre el cuerpo legal que se fue estructurando en torno a los esfuerzos de las comunidades nacionales. Así, las nuevas normas jurídicas que se fueron sancionando no lograron sustituir relaciones sociales que se habían arraigado e integrado en la propia forma de producir y en la organización de la vida social derivadas del modelo mercantilista colonial (Sunkel O. y Paz P., 1973) [1].  Además las revoluciones por la independencia que hubo en América Latina no rompieron con estas estructuras, sino que tomaron el ejemplo del liberalismo a nivel jurídico, pero no modificaron sus instituciones económicas, motivando ello el escaso impulso a la modernización que tuvieron.

Esta situación ocurrió fundamentalmente porque esas estructuras condicionaron sus conductas,  y lo que es racional hacer en el marco de las mismas es no modernizarse,  por lo tanto no se sentían presionados a innovar. Se generan de esta manera intereses de tipo corporativos con escasa competencia interna, que además están aliados a sectores con  intereses extranjeros, que de algún modo se ven beneficiados por la permanencia de estas estructuras corporativas.

Podemos agregar a este pensamiento, que una economía está desarrollada cuando la estructura de producción se parece a la estructura de consumo. Así por ejemplo en un país donde se producen bienes primarios, pero se consumen bienes producidos en otras economías más desarrolladas, hay un desfasaje entre el patrón de consumo y el de producción que nos está dando cuenta de una determinada disfuncionalidad económica, puesto que una economía nacional que funciona con cierta dinámica de desarrollo debe tener también  una cierta proporcionalidad entre estos patrones.

Si observamos lo históricamente ocurrido en América Latina, donde las clases dominantes consumen fundamentalmente bienes importados y de lujo y acumulan el grueso del ingreso; esta situación va generando un mercado local muy pequeño porque  gran parte de la población no tiene un poder adquisitivo relevante. Y además  se está creando una pauta de consumo que en lugar de re-alimentar el proceso de producción local, potencia el envío de una parte importante del excedente económico al resto del mundo.

Por lo tanto, la libre competencia requiere su completa reglamentación y eficáz control  a los  fines de evitar formas imperfectas de mercado.

Celso Furtado,  nos dice que el subdesarrollo no es una etapa por la que debe transitar un país  que se encamina hacia el desarrollo, sino que es una estructura, un sistema, que se reproduce a si mismo. Cuando analiza las economías subdesarrolladas, expresa que lo que va a determinar la trayectoria de éstas economías, va a ser la modalidad que asume la acumulación originaria de las mismas. Esta modalidad va a condicionar  el uso del excedente  que las clases dominantes hagan y las posibilidades de desarrollo económico.  Es decir,  “la forma de utilización del excedente de producción y la posición social del grupo que la realiza constituyen elementos básicos  en el proceso social que genera el desarrollo” (Furtado C., 1966) [2]. En síntesis, esas estructuras sociales  – con sus instituciones – condicionan no solo la acumulación originaria, sino también las posibilidades futuras de crecimiento y modernización.

Furtado observa además, que en la América que tuvo las colonizaciónes portuguesa e  hispana, las clases dominantes crecieron al amparo de los privilegios otorgados  por las metrópolis, y establecieron sus relaciones de poder, no sobre la base de su capacidad innovadora, como ocurrió en el caso de las burguesías industriales de los países desarrollados, sino sobre la base de sus privilegios, es decir, administrando la dominación portuguesa o española en América. Más tarde, lograda la independencia política, dichas clases sociales a través del manejo del Estado, fueron las creadoras de sus propias prebendas (Furtado C., 1965)[3]

Esta alianza de elementos extranjeros dinámicos con sectores corporativos internos mantienen estancadas las estructuras operando como un gran obstáculo a la modernización y el desarrollo que necesariamente deben romper con esas estructuras (Furtado C., 1992) [4].

Estos conceptos constituyen la síntesis de la tesis central de Celso Furtado, que permite explicar como veremos los modos en que se realizaron las privatizaciones en nuestro país.

Las políticas neoliberales se ejecutaron en la Argentina fundamentalmente durante los  años  de  la  dictadura 1976 – 1983, y  posteriormente, ya  en  democracia, en  la etapa que comienza a fines de 1989 y concluye con el estallido de la convertibilidad en diciembre de 2001 (Ferrer A., 2013) [5].

En el período que abarca el gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín, los grupos económicos establecidos mantuvieron una lucha por apropiarse del excedente fiscal que terminó en la disciplinadora hiperinflación de 1989. El gobierno poco pudo hacer para evitarla dado la desastrosa situación económica heredada y los muy importantes condicionamientos políticos que existieron.

El Dr. Carlos S. Menem, por el contrario adhirió plenamente a los postulados neoliberales y, no obstante ello,  la Argentina tuvo que soportar una segunda hiperinflación en 1990. Durante su gobierno se articularon intereses que hasta ese momento se encontraban enfrentados en ciertos temas cruciales y se consolidó un plan neoconservador que contenía las nuevas bases y condiciones refundacionales de la estructura económica y social del país.

Es necesario por todo lo expuesto, otorgar especial importancia a las hiperinflaciones que se produjeron a fines de los ochenta y principio de los noventa, y también a las privatizaciones de empresas públicas, ocurridas en los noventa para poder observar como quedó -luego de las mismas- la estructura económica y social de Argentina.

Debe quedar en claro anticipadamente, que no se pretende analizar los planes económicos que aplicaron los distintos gobiernos que se mencionan a continuación, sino solo la parte pertinente a las hiperinflaciones y a las privatizaciones de empresas públicas. Por lo tanto, si bien las políticas neoliberales se aplicaron en nuestro país hasta fines de 2001, el análisis del presente trabajo llega hasta fines de 1999.

Comenzaremos el análisis  a partir de los años setenta del siglo pasado.

LA DICTADURA CÍVICO MILITAR:

Es esta dictadura quien comienza, por lo menos en el plano de los discursos a plantear la necesidad de privatizar algunas empresas públicas durante la gestión de Martínez de Hoz.

No obstante ello,  no solo no se privatizó en este período ninguna  de las grandes empresas estatales, sino que por el contrario al finalizar el proceso el Estado había absorbido a través del Banco Central de la República Argentina una importante cantidad de empresas del sector privado que habían quebrado debido a la profunda crisis de 1981.

Por estos años, se produce en América Latina el relanzamiento de las políticas neoliberales (Chile, 1973), de neto cuño neoconservador que postulaba entre  otras medidas  la privatización de empresas públicas  como uno de sus puntos centrales.

Cabe destacar que si bien la dictadura adhería en  todos sus términos  a estas políticas, no privatizaron  ningunas de las empresas antes mencionadas, quizás por la conjunción de estos elementos:  falta de consenso popular, la  ilegitimidad de origen en la toma del poder, la connivencia con la denominada burocracia sindical y  los intereses de los grupos económicos  que se beneficiaban vendiéndole al Estado a precios superiores a los del mercado.

EL GOBIERNO DEL DR. RAÚL R. ALFONSÍN:

Este primer gobierno de la actual etapa democrática tuvo un sin número de  importantes condicionamientos internos y externos que incidieron muy negativamente sobre los márgenes de maniobra con que contaba nuestro país.

Entre los primeros (internos) pueden citarse el  impedimento hacia una transición ordenada como consecuencia del fracaso militar de la dictadura. Así, cuando asumieron las nuevas autoridades se encontraron con una la economía totalmente arrasada, con el sistema financiero en crisis, que había dejado de cumplir las funciones de favorecer a las actividades productivas pasando a beneficiar la especulación financiera, las economías regionales  destruidas, las pymes estaban virtualmente arruinadas, las empresas públicas con un gran déficit, endeudamiento, sobre empleo y atraso tecnológico, la infraestructura básica del país se encontraba en lamentable estado constituyéndose en un nuevo obstáculo para el crecimiento económico, etc. Solamente se salvó de esta destrucción la producción de granos. La inflación anualizada del último trimestre de 1983 fue de más de 600%, las reservas de disponibilidad inmediata en el BCRA sumaban apenas U$S 102 millones; en diciembre de 1983 el tesoro financió solamente el 22% de sus erogaciones con recursos genuinos, el resto lo obtuvo en su mayor parte con adelantos del BCRA (Grinspun B., 1989) [6],  el déficit fiscal más el cuasi-fiscal totalizó en 1983  el 15,77% del PBI.

     Otros autores indican que el equivalente anual de la tasa de inflación de diciembre de 1983 del Índice de Precios al Consumidor  fue 607% y 679% el del Índice de Precios Mayoristas, en tanto que la tesorería sólo cubría el 17,7% del total de sus erogaciones con ingresos genuinos.- (de Pablo J.C.,1989)[7].

Con respecto a los condicionamientos externos, los mismos eran originados por la agudización en que se encontraba el conflicto Este-Oeste que muchos autores denominaron “nueva Guerra Fría”, desde el momento en que el gobierno de Ronald Reagan decidió profundizar la hegemonía norteamericana en sus zonas de influencia [8], la amenaza potencial que significaba para la consolidación de la democracia argentina las dictaduras militares existentes en los países vecinos, que transformaban a éste período de transición -junto con las cuestiones internas- en un escenario de crisis profunda. Remitiéndonos al tono metafórico de Antonio Gramsci en su definición de crisis,  la misma se trata de un proceso durante el cual lo viejo -el régimen autoritario- no termina de morir, y lo nuevo -el régimen democrático- no acaba por nacer (Rodríguez J., 2011) [9].  En esta inteligencia, el Dr. Alfonsín  promovió vínculos del gobierno argentino con los líderes políticos opositores a dichos regímenes dictatoriales con el objeto de restaurar la democracia en toda la región. Llegando incluso, a reunirse con Fidel Castro -entre otros referentes internacionales- solicitándole que Cuba no se involucrara con las guerrillas del Cono Sur, puesto que era esta situación uno de los factores que justificaba la permanencia de las dictaduras militares, etc. (Escudé C. y Cisneros A.) [10].

Sumado a todo ello,  América Latina a principios de los años ochenta se encontraba con la grave crisis de la deuda externa, realizando una  transferencia neta de recursos a los acreedores durante el período 1983 -1991 de U$S 220 mil millones. En agosto de 1982, México anunció la suspensión de sus pagos provocando un cambio sustancial en el comportamiento de los bancos acreedores que exigían ahora con mucho más firmeza el pago de las amortizaciones e intereses de los créditos.- Así, se introdujeron en los países deudores  restricciones sin precedentes  en la gestión de sus políticas económicas (Ferrer A., 2001) [11].

Nuestro país registraba un importante atraso en los pagos de la dicha deuda, y su servicio implicaba lograr un superávit primario en el presupuesto y un excedente en la cuenta corriente  del balance de pagos del orden del 5% del PBI(Ferrer A., 2004) [12] comprometiendo por lo tanto severamente los equilibrios macroeconómicos y sociales. Además, las negociaciones con el FMI estaban estancadas, no llegaban  dólares necesarios para el funcionamiento de la economía; las tasas de interés internacionales eran muy elevadas y el precio de los commodities muy bajo.

A lo ya expuesto debemos agregar -entre otros- los siguientes hechos: el juicio a los responsables de la violación de los derechos humanos  provocó varios alzamientos de efectivos militares; subsistían brotes subversivos  como por ejemplo el ocurrido en el cuartel de La Tablada  en enero de 1989. Además el Dr. Raúl Alfonsín no solo no contaba con mayoría parlamentaria propia (tenía minoría en el Senado), sino que los principales sectores opositores  no colaboraban con su gestión, etc.

Puede afirmarse por lo expuesto, que al primer gobierno democrático  le tocó gobernar en las peores condiciones, ya que nunca se habían conjugado en un mismo momento una situación internacional tan crítica con una nacional tan desastrosa.

Este lamentable escenario para nuestro país, ya que el poder del gobierno era extraordinariamente inferior al de los grupos económicos concentrados locales e internacionales, iba a ser aprovechado en forma conveniente por los mismos amparados bajo el dogma neoliberal.

EL PROGRAMA PRIVATIZADOR:

Por decreto 414 del 30 de enero de 1984 se creó  la “Comisión 414”, en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, denominada así por el número del decreto que la constituyó; con el fin de determinar en qué casos se privatizarán o liquidarán administrativamente las empresas que en ese momento poseía o administraba el Estado.

En sus considerandos expresaba que se mantendrían dentro de su órbita el conjunto de empresas y entes cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos esenciales, la explotación de recursos no renovables, otros abastecimientos críticos, como así también los que atiendan actividades que se consideren de interés nacional por su naturaleza. Debiendo transferirse en a la esfera privada aquellas que no estén comprendidas dentro de esas características, incluyendo las empresas privatizadas que han pasado de hecho a ser propiedad estatal sin que exista interés nacional, ni beneficio social significativo que justifique su permanencia en la órbita pública.

Posteriormente,  el 24 de julio de 1985 por decreto 1356, se crea la Secretaría de Promoción del Crecimiento, también en jurisdicción de la Presidencia y entre sus funciones se encontraba la de “promover, por todos los medios, en el país y en el extranjero, los actos de disposición aconsejados por la Comisión creada por el decreto 414/84…..” (Arango de Maglio A., 1990) [13].

Más tarde, el 5 de agosto de ese año el Ministro de Economía Juan V. Sourrouille en su mensaje dirigido al país por radio y TV manifiesta su convicción de realizar una profunda reestructuración del aparato productivo nacional tendientes a aumentar  la productividad, la inversión y el crecimiento. Indica además que los proyectos de inversión deben presentar esquemas genuinos de financiamiento que hagan posible su concreción, y que al decidir sobre los mismos se tendrán fundamentalmente en cuenta los beneficios que generarán y una clara y precisa enumeración de los recursos que harán factibles la realización de las obras.

Expresa seguidamente, que los proyectos de financiamiento incompletos, con montos desproporcionados a ser aportados por el tesoro, ya sea directamente o mediante avales del estado, quedarán descalificados. A continuación enumera un conjunto de proyectos de inversión sobre los que se ha asegurado el financiamiento obtenido de empresas privadas, detallando a renglón seguido los préstamos conseguidos por parte de organismos públicos de entidades internacionales de crédito multilateral.  Los proyectos elegidos se referían a la financiación de refinerías de petróleo, polos petroquímicos, yacimientos marítimos petroleros, tubos de acero, insumos importados de exportaciones, sustitución de importaciones, herbicidas y fertilizantes, maquinaria agrícola, gasoductos, investigación y extensión agropecuaria,  inversiones para ganadería en el N.O. del país, etc. A dichos emprendimientos debe agregarse la reglamentación de la ley de hidrocarburos y la firma de un contrato tipo entre YPF y las compañías petroleras privadas que según manifestara el Ministro modificaría sustancialmente el panorama energético del país y permitirían el aumento significativo de las exportaciones.

Comunicó además que el Gobierno se hallaba trabajando intensamente en programas de expansión de gas y de comunicaciones, sobre los cuales se informaría a la brevedad (Sourrouille J.V., 1986) [14].  Estos proyectos se conocieron popularmente como “la privatización del crecimiento de las empresas públicas”.

Posteriormente en otro mensaje de similares características pronunciado el 6 de febrero de 1986, plantea la reforma el Estado, del sistema financiero, la reconversión y la tecnificación de la industria como tareas  impostergables. Postula  la reasignación de recursos para mejorar las actividades estatales que son indelegables y la trasferencia de otras que no son tan centrales.  Reivindicando una función reguladora e interventora del Estado que asegure estímulos a la modernización de la estructura productiva y niveles crecientes de bienestar social.

Con estos argumentos y las necesidades fiscales mediante, el Gobierno Nacional decide transferir  su participación en empresas siderurgias y petroquímicas al sector privado, en forma parcial o total. A modo de ejemplo indica: en el sector siderúrgico la empresa a privatizar es SOMISA; en el petroquímico: Petroquímica Bahía Blanca S.A., Petroquímica General Mosconi S.A., y las participaciones minoritarias que mantiene en el resto de las empresas que conforman  el Polo Petroquímico Bahía Blanca. El mismo  esquema se mantiene respecto de Petroquímica Río Tercero  y de la participación minoritaria del Estado en ATANOR.

Pero el objetivo no se agota con la mera trasferencia  al sector privado del paquete accionario  de las empresas ya mencionadas, sino que ello forma parte  de una política general de reconversión y modernización de la industria, a la cual se aplicarán los recursos obtenidos.

Los adquirentes de las  empresas privatizadas quedaban comprometidos a tomar todas aquellas medidas necesarias para elevar el nivel de eficiencia y realizar las inversiones pertinentes para producir a precios semejantes a los que prevalecen en los mercados internacionales. En este esquema, el Estado  reformaría el sistema arancelario para determinar el nuevo marco de protección al que deberían adecuarse sus actividades.

En síntesis, se trataba de lograr simultáneamente  dos objetivos: por un lado la reestructuración del sector público y, por el otro la reconversión del sector en el cual estas empresas actúan, con la intención de elevar la eficiencia y productividad general de la industria.

Con respecto al financiamiento de los emprendimientos, el Ministro manifestó que se apoyaría a los nuevos titulares de las empresas en la obtención de créditos externos  contándose para ello con la colaboración del Banco Mundial.

Además, con los recursos que ingresen al Tesoro Nacional producto de la venta de estas empresas se constituiría un FONDO PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, que estaría destinado a financiar prioritariamente a aquellos emprendimientos que logren disminuir los costos de producción de los bienes intermedios, compra de bienes de capital nuevos, incorporación de adelantos tecnológicos, promoción de actividades con alta complejidad tecnológica y desarrollo de industrias con fuerte impacto regional. Por lo tanto este fondo -expresó- se convertirá en un instrumento del crecimiento económico (Sourrouille J.V., 1986) [15].

Esta trascendente decisión del Gobierno Nacional tenía como finalidad la idea de no consumir activos estatales para financiar gastos corrientes, sino de promover la inversión en sectores estratégicos para el futuro del país. Como se podrá observar este esquema resulta muy diferente a los basados exclusivamente en los criterios de eficiencia empresarial, reducción del déficit fiscal y otros argumentos de neta connotación neoliberal.

Sin embargo, estos objetivos no pudieron cumplirse. Solo se realizó la venta de activos  y de acciones de algunas empresas que habían sido privadas y estaban en manos del Estado, por lo tanto puede decirse que se trató de “reprivatizaciones” de las mismas. Desde el punto de vista del monto obtenido por su venta, las dos principales privatizaciones fueron algunas empresas del Grupo Siam y Austral Líneas Aéreas S.A (de Pablo J.C, 2005) [16]. Se privatizó además el 100% de la telefonía celular y satelital.

 

AEROLINEAS ARGENTINAS Y ENTEL:

Cuando Rodolfo Terragno se hace cargo del Ministerio de Obras Públicas existe un serio intento en privatizar Aerolíneas Argentinas y ENTel. Tales proyectos fueron bloqueados en el Parlamento por los legisladores del Partido Justicialista quienes cuestionaron dichas propuestas en su esencia y en sus formas. Dichos legisladores contaban con el fuerte apoyo de los sindicatos y de los proveedores del Estado – la llamada “patria contratista”  -quienes como veremos más adelante pasaron a formar parte de los consorcios adjudicatarios de los distintas empresas privatizadas.

EL PODER ESTABLECIDO Y “SU PROPUESTA” PRIVATIZADORA:

Resulta altamente significativo lo ocurrido en 1984 en la Casa Blanca (EUA) cuando Ronald Reagan le manifiesta al Presidente Raúl Alfonsín que el nexo entre ambos será Edwin Yeo.

Posteriormente, en octubre de 1988 Yeo se reúne con el Ministro Terragno y le manifiesta: que el Banco City no quiere que le paguen sus deudas con dinero sino con empresas públicas. Con tales fines,  financistas y algunos funcionarios del Tesoro (EUA) quieren que los países deudores conviertan sus deudas en bonos. Luego van a ayudarlos a colocar los mismos en fondos de inversión que manejan el dinero de pequeños ahorristas diseminados por todo el mundo. Le expresa además  que cuando lleguen los vencimientos y no puedan pagar, el gobierno no va a poder renegociar la deuda con millones de ahorristas dispersos en el planeta y entonces deberán entregar hasta la última empresa pública. Afirma asimismo que dicho banco ya está comprando títulos de la deuda Argentina al 15% de su valor nominal para entregarlos luego  valorizados al 100%, a cambio de las acciones de dichas empresas. Como se podrá observar, estas expresiones son altamente reveladoras  de lo ocurrido en nuestro país en los años 90.

Tiempo después, la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación, expresó en noviembre de 2001:     “…..la  parte  decisiva  de las  operaciones  de  compra  se  realizó con los títulos de la deuda externa e interna que el Citibank  -el banco extranjero acreedor más importante de todos- poseía con antelación…….”;  (Terragno R., 2005) [17]. Corroborando de esta manera la información que tenía el ex ministro.

 

LUCHA POR EL EXCEDENTE FISCAL Y PRIMERA HIPERINFLACION (1989):

Para comprender mejor los acontecimientos,  debemos recordar que el gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín suspendió el pago de los servicios y del capital de la deuda externa   pública en abril de 1988,  y este nuevo contexto político económico,  puso de manifiesto la lucha de intereses que existía  en los distintos sectores del poder económico. Por un lado estaban los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros radicados en el país, y por el otro los acreedores externos.

El Estado expone entonces  en este momento, la imposibilidad  de seguir cumpliendo con el pago de los servicios de la deuda externa y simultáneamente con los subsidios al capital concentrado interno, de las distintas maneras que lo venía realizando como por ejemplo la promoción industrial, licuación de pasivos internos, sobreprecios en las compras del Estado, subsidios a las exportaciones industriales, seguros de cambio, etc.

Es decir  que en abril de 1988 comienza a perfilarse el origen de la crisis hiperinflacionaria que se desataría un año después, y que como se verá resultó ser un tema central en las privatizaciones posteriores.

Hay que destacar que entre 1981 y 1989 se remitieron al exterior en concepto de intereses de la deuda externa  aproximadamente 27.000 millones de dólares, monto  que representó el 4,3 % del PBI de ese período, mientras que el capital concentrado interno fue beneficiado con transferencias cuyo monto superó los 67.000 millones de dólares equivalentes a aproximadamente el 10% del PBI total, es decir más del doble de lo obtenido por la banca acreedora. No obstante ello, cabe mencionar  que el monto consignado representa una estimación que puede considerarse poco ambiciosa, puesto que no contempla uno de los principales mecanismos  por medio de los cuales se canalizaron recursos fiscales hacia las empresas que concentraban la mayor parte del capital local, que eran  los sobreprecios pagados por las compras del Estado y sus empresas, mecanismo este que se consolida como una constante a partir de la dictadura cívico  militar antes mencionada.

Es decir,  que a fines de los ochenta la situación de los acreedores externos era paradojal, puesto que a si  bien través de los organismos internacionales tenían una notable influencia en el momento de diseñar la política económica; en la implementación de la misma a nivel local, era el capital concentrado interno a través el Estado quien obtenía las mayores ventajas. De esta manera, los acreedores externos fueron relativamente relegados en la redistribución del excedente fiscal en esos años. Si además como ya se dijo, en abril de 1988 se interrumpieron los pagos a los mismos, lo que supuso anteponer una vez más, los intereses del capital concentrado interno a los de los acreedores externos; no debe resultar llamativo -como expresaran Lozano C. y Feletti R. (1991)- que la corrida cambiaria, es decir el ataque especulativo a la moneda local, iniciado los primeros días del mes de febrero de 1989 fuera desatada por algunos bancos extranjeros  (actores económicos con una gran capacidad de liquidez) radicados en el país; acontecimiento este de fundamental importancia en la explosión  hiperinflacionaria sufrida por nuestro país (Azpiazu D, y Schorr M, 2001)[18].

Es importante discernir entonces  que el denominado “golpe del mercado” o “corrida cambiaria provocada por los acreedores externos” y su consecuente crisis hiperinflacionaria ocurrida en el segundo trimestre de  1989,  tiene sus raíces en el patrón de acumulación capitalista y la profunda reestructuración social resultantes de la política económica pergeñada durante la dictadura cívico militar, y que el gobierno radical no pudo cambiar por las razones ya expuestas.

Cabe preguntarse acá sobre los grados de libertad que tenía dicho gobierno para revertir un proceso que ya había desequilibrado la relación de fuerzas a favor de un “nuevo poder económico” producto de sus sólidos vínculos con la dictadura rompiendo el equilibrio social de la posguerra y que ahora estaba en condiciones de consolidarse aún en su proceso democrático (Rapoport M. y otros, 2003) [19].

Así, la puja distributiva  por la apropiación del excedente fiscal entre los conglomerados nacionales y extranjeros que operan el país, por un lado, y por el otro, los acreedores externos, resultó ser el corolario de esas políticas aplicadas a partir de la década del setenta.

Lo antedicho debe quedar bien en claro, puesto que buena parte del sistema político y de la “comunidad académica”  han convalidado lo difundido por los sectores dominantes en el sentido de atribuir la responsabilidad de la crisis al desmesurado tamaño del gasto público provocado por un Estado “benefactor”, que originó entre otras cosas déficit fiscal, déficit cuasi-fiscal, inflación, sobre-empleo público, gran endeudamiento, puja distributiva con los trabajadores, etc. etc.;  y no a las políticas diseñadas desde los años 70 y al comportamiento de los actores que las ejecutaron [20].

En consecuencia, si se logró imponer desde los sectores del poder económico, en una clara maniobra ideológica, que el Estado era el responsable casi exclusivo de todos los problemas que aquejaban a la Argentina a fines de los 80, la conclusión obviamente fue que la resolución de dichos problemas pasaba inexorablemente por la “Reforma del Estado” (Basualdo E. y otros, 2002) [21].

En cuanto a la hiperinflación del año 1990, la misma está más relacionada a  “las formas de privatización” que se llevarían a cabo y se explicitan más adelante.

No puede dejar de mencionarse además,  el carácter de disciplinador social -que incluye también a la mayoría de la  dirigencia política-, que tuvieron ambas crisis hiperinflacionarias, sin las cuales (y entre otras acciones  de tipo político-ideológico),   no hubiera sido posible lograr el consenso  casi general que se obtuvo para realizar las privatizaciones y la implementación del Plan de Convertibilidad.

EL GOBIERNO DEL DR. CARLOS S. MENEM:

Carlos S. Menem asume en Julio de 1989, en plena crisis hiperinflacionaria, y entre sus primeras medidas enviadas al congreso se encuentran los proyectos de ley de “Reforma del Estado” y de “Emergencia Económica” que fueron aprobados prácticamente sin oposición alguna, debido al “pacto de transición”  establecido con el gobierno saliente.

A la ley de “Reforma del Estado” sancionada en Agosto de este año, le correspondió el numero 23.696 y mediante la misma quedaron sujetas a privatización todas las empresas públicas y Organismos del Estado, iniciándose un proceso de Subrogación y desguase del mismo a partir de la conformación de nuevos ámbitos de privilegios para la actividad privada.

En este programa,  las privatizaciones ocupaban un lugar central y reportó al Estado argentino – entre 1990 y 1994 donde se ejecutaron el grueso de las mismas -  una cifra cercana a los 17.800 millones de dólares, considerando el  monto percibido en efectivo, los pasivos  de las empresas transferidas al sector privado (si bien la mayor parte del  considerable endeudamiento de las empresas publicas fue absorbido por el Estado)  y el valor de mercado de los bonos de la deuda pública externa e interna.- Pero si consideramos el valor nominal de los títulos de la deuda, el monto de dichas privatizaciones ascendió aproximadamente a 25.500 millones de dólares.- Con posterioridad a 1994 se transfirieron al sector privado entre otros activos; las tenencias accionarias del Estado en YPF, la empresa estatal de Correos y Telégrafos, las principales estaciones aeroportuarias del país, etc. (Azpiazu D. y otra, 2005) [22].

Cabe destacar también, que en dicha  “Reforma del Estado” no se podía dejar de incorporar a uno de los integrantes centrales del bloque de poder económico – los   Acreedores Externos- que habían sido relegados en los años 80. No obstante y teniendo en cuenta los objetivos políticos perseguidos tampoco podía quedar excluida la otra fracción dominante, los conglomerados nacionales.

Por ello, no resulta casual que prácticamente en la totalidad de los consorcios adjudicatarios de las distintas empresas privatizadas se verifique una suerte de “triple alianza” que en la generalidad de los casos, incluyó a:

1) los más importantes grupos económicos locales, que aportaron capacidad gerencial, administrativa y fundamentalmente Lobbying doméstico, así como su conocimiento de la infraestructura nacional resultante del hecho de que constituían el núcleo central de los proveedores del Estado que fueron  beneficiados con los sobre precios que incluían sus ventas,

2) Un número importante de bancos extranjeros y/o locales, (la mayoría de ellos principales  acreedores del país) que aportaron buena parte de los títulos de la deuda pública argentina (externa y/o interna) que serían luego capitalizados, y

3) Ciertas empresas trasnacionales,  que aportaron su capacidad y experiencia tecnológica y de gestión (eran en general operadores internacionales de servicios públicos privatizados) (Basualdo E. y otros, 2002) [23].

Esta alianza se “perfeccionó” con la implementación de los Programas de Propiedad Participada, que contaron con el apoyo de los sindicatos  de las empresas estatales, y  mediante los cuales se transfirió el 10% de las acciones de las compañías privatizadas a los empleados de las mismas,  intentando con ello  limitar al mínimo las protestas sociales de los empleados públicos afectados. En algunos casos se llegó al “extremo” de otorgarles a los sindicalistas afectados por las privatizaciones, un cargo público de relevancia y con directa relación e influencia sobre la empresa a privatizar; tal como ocurrió en el área de telecomunicaciones y aguas.

Otra de las particularidades que tuvo el proceso de privatizaciones fue que profundizó la concentración del capital, ya que se mostró una absoluta despreocupación por difundir la propiedad del capital de las empresas privatizadas a través del mercado de capitales, o la entrega gratuita de acciones, u ofertas preferenciales para los usuarios de los  distintos servicios. Y muy por el contrario se fijaron patrimonios mínimos muy elevados para poder participar de las licitaciones y concursos, requisitos técnicos, celeridad, importancia del poder de lobbying doméstico, etc, que constituyeron un verdadero “traje a medida” para los mismos actores económicos que se habían consolidado estructuralmente al amparo de las distintas políticas que se aplicaron  en el país desde  mediados de la década de los años 70 (Azpiazu  D., 2003) [24].

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRIVATIZADOR:

La metodología y las modalidades fueron discontinuas. En una primera etapa antes de la sanción del Plan de convertibilidad los rasgos centrales fueron:

1) La no segmentación y/o subdivisión de las empresas a privatizar en varias unidades de negocios, es decir hubo ventas o concesiones globales (casos de Aerolíneas Argentinas y ENTel)

2) Se ignoró, atento a la priorización del tiempo político, la importancia de formular marcos regulatorios previos a las enajenaciones. Sin duda los casos más emblemáticos son:

a) El de  Aerolíneas Argentinas en donde la ausencia de regulación fue total,

b) El de las concesiones viales de las rutas nacionales, donde recién después de dos años y medio de haberse efectivizado la trasferencia se creó el Órgano Estatal de Control, y

c) El de ENTel en donde el ente regulador se creó con posterioridad al traspaso de la firma al sector privado.

3) Las principales cláusulas normativas, cuando las hubo, fueron implementadas  por decretos de “necesidad y urgencia”, con lo cual se abrió las puertas para la sistemática renegociación de las mismas.

4) Se priorizó la posibilidad de capitalizar títulos de la deuda externa como forma de pago por sobre, incluso, el pago en efectivo, siendo el caso paradigmático dentro de esta etapa  la privatización de ENTel, en donde se capitalizó deuda externa por un monto de aproximadamente 5.000 millones de dólares, lo que constituyó más de la tercera parte del total de la deuda capitalizada en todo el proceso de privatizaciones.

Esto último no es casual; recordemos que en 1992 se firmó el plan Brady que habilita a la Argentina a reingresar en el mercado de capitales, permitiendo de esta manera un nuevo ciclo de endeudamiento que es el correspondiente a los años 90. Pero “la llave de entrada” para firmar el plan Brady era aceptar el pago de las primeras privatizaciones con títulos, cuyo valor en el mercado era del 15%,  reconocidos a su valor nominal, es decir al 100%. En otras palabras, los acreedores externos lograron canjear una cantidad considerable de títulos desvalorizados por activos con una muy elevada rentabilidad, considerando tanto el nivel doméstico como el internacional (Basualdo E. y otros, 2002) [25].

 

LA SEGUNDA HIPERINFLACIÓN (1990):

También resulta importante destacar que cuando el gobierno estaba negociando con éstos grupos económicos los marcos regulatorios, el estado económico-financiero y operacional de las empresas que serían privatizadas; se sucedieron desde Julio de 1989 a marzo de 1991, cinco planes económicos, que resultaron intentos fallidos para resolver la crisis. Puede observarse a través de dichos planes, que concordante con el estado de mora de hecho en que se encontraba el gobierno con los acreedores externos, como se fue favoreciendo a los mismos recortando los subsidios y demás privilegios que tenían los conglomerados locales.

Pero todo ello no se realizó “pacíficamente”, ya que en 1990 hubo un nuevo estallido hiperinflacionario  y el costo de vida ascendió en ese año al 1.343,90 %. 

Posteriormente  el  mismo  cae  abruptamente  en  1991 al 84%, no debiéndose  atribuir  -dicha caída-  exclusivamente al “Plan de Convertibilidad”, que comenzó a implementarse en abril de este año, sino también a que  “las formas” de privatización ya estaban en los hechos  “suficientemente consensuadas con la Comunidad de Negocios” [26].

Entre los principales casos que se “resolvieron” en 1990 podemos citar:

a) Que a fines del  año 1990, se había concesionado el 32% de la red nacional pavimentada por donde se concentraba más  del 67% del tránsito vehicular, con un irregular marco regulatorio. (Azpiazu D., 2003) [27].

b) El aumento en el valor de las tarifas telefónicas, lo que aseguró altos márgenes de rentabilidad a los futuros prestatarios. Antes de la venta del 60% de ENTel, entre enero de 1990 y noviembre de ese mismo año (fecha de la transferencia a cargo de la Ing. María J. Alzogaray), el valor del pulso telefónico – medido en dólares estadounidenses – aumentó un 711%, pasando de u$s 0,47 a  u$s 3,81.

c) Hubo también un sustancial aumento de líneas telefónicas instaladas pero no habilitadas que luego serian explotadas por los consorcios adjudicatarios.

d) SOMISA: La disminución del personal y la implementación de medidas “flexibilizadoras y/o racionalizadoras”  comenzaron mucho antes de su  privatización que  se efectivizó a fines de 1992. Puede afirmarse además que en esta empresa, que había funcionado históricamente con buenos desempeños económicos, meses antes de su privatización tenía un déficit operativo de un millón de dólares diarios, situación esta que influyó además en su subvaluación.

e) Obras Sanitarias de la Nación: en febrero de 1991 comenzaron una serie de importantes aumentos tarifarios. Con respecto al personal al momento de su transferencia a fines de 1992, su planta era un 35% más reducida que en 1985.

f) SEGBA: donde el personal ocupado había disminuido casi un 50% con respecto al existente a mediados de los 80. Y el sector ferroviario, donde la ocupación vigente al momento de efectivizarse el traspaso al sector privado en los principales ramales era un 80% más baja que la vigente en 1985.

g) La venta de aerolíneas Argentinas, caso paradigmático por su falta de regulación, fue realizaba en noviembre de 1990 (Azpiazu D. y otra, 2005) [28].

h) También se concesionaron en este año los canales de TV 11 y 13 y varias radios (Rapoport M. y otros, 2003) [29].

i) Asimismo en 1990 se produjo la venta  del 30% de las acciones de las empresas petroquímicas: POLISUR, PETROPOL, INDUCLOR Y MONÓMETROS VINILICOS.

j) La Sub Secretaría de Combustibles este mismo año (1990), otorgó en concesión distintas áreas marginales para la explotación petrolera (Heymann D. y Kosacoff B., 2000) [30].

En resumen, el gobierno en la etapa pre-privatizadora, “realizó todas las tareas necesarias” para entregar las empresas: “saneadas” en términos económicos financieros (gran parte de sus abultados pasivos fueron absorbidos por el Estado), “racionalizadas” en cuanto a los planteles de personal, y “altamente rentables” desde el comienzo mismo de sus operaciones. Además, Existió en general un gran deterioro de  los servicios prestados con el fin de lograr consenso social para realizar más aceleradamente las privatizaciones (Azpiazu D. y otra, 2005) [31].

En la segunda etapa, donde Domingo Cavallo concentró el poder casi excluyente en el  manejo del programa privatizador, otras fueron las características pero los objetivos perseguidos continuaron inalterados:

1) Se dió prioridad en forma casi excluyente el pago en efectivo (en las privatizaciones petroleras no se aceptaron títulos de la deuda externa); ello debido a las necesidades fiscales del gobierno.

2) Las empresas estatales fueron divididas en diversas unidades económicas antes de su transferencia al sector privado.

3) Se comienzan a crear los marcos regulatorios -aunque con irregularidades e insuficiencias manifiestas- y los entes de control antes de transferir las empresas. Tales son los casos de los sectores gasíferos y eléctricos  -únicos privatizados por ley- , aunque en la práctica dichos Organismos de Control, el ENARGAS y el ENRE se conformaron con posterioridad a la transferencia de las empresas.

4)  Con respecto al área gasífera y eléctrica  podemos realizar dos observaciones: a) la ley marco de la privatización de Gas del Estado  fue aprobada en el Congreso mediante una artificio ilegal, al obtener la mayoría para su aprobación con una persona que se encontraba en el recinto pero no era diputado nacional, y b) muchas disposiciones que establecían ambas leyes, en especial las vinculadas con la regulación de tarifas y de las estructuras de la propiedad del capital de las empresas, sufrieron considerables modificaciones que beneficiaron a los propietarios de las firmas prestatarias cuando se sancionaron los Decretos Reglamentarios; es decir fueron modificadas en sus aspectos más relevantes por normas de inferior rango jurídico.

Más tarde, y muy específicamente desde mediados de 1995, se asiste a una creciente transferencia de capitales al exterior. En la generalidad de los casos originados por la venta de las tenencias accionarias de los grupos locales (ex contratistas del Estado en su mayoría), lo que les originó una ganancia patrimonial que a veces superaban el 80% anual, producto de haber comprado dichas acciones muy desvalorizadas y haberlas vendido con un marco regulatorio totalmente favorable a los sectores y empresas privatizadas.

También hubo una extraordinaria cantidad  de dólares remitidos al exterior en concepto de utilidades. Durante el período 1992 -1999 las empresas privatizadas generaron utilidades devengadas por un total de U$S 7.535 millones y remitieron la cantidad de U$S 5.472 millones, es decir un 72,62%; ello, como consecuencia de la falta de regulación existente en este importante tema (Azpiazu D.y otra, 2005) [32].

Con referencia a la disminución de la vulnerabilidad externa que producirían las empresas privatizadas y los niveles de inversión que  fueron  comprometidos -sin bien su análisis no forma parte de este trabajo-, podemos decir: a) con respecto al sector externo, el mismo presentó efectos positivos en el corto plazo y crecientes desequilibrios en el mediano y largo plazo, fenómeno este semejante y consistente con los objetivos políticos del programa privatizador. Debe incluirse en éste ítem lo indicado en los dos párrafos inmediatamente anteriores;  y b) en cuanto a la formación de capital y considerando las 500 mayores firmas del país, las privatizadas explicaban porcentuales superiores al 50% del total hasta mediados de la década. Ello tiende a revertirse en la segunda mitad de dicho período, tanto si se las compara con el resto de las grandes empresas el país como si se jerarquiza el estudio en el coeficiente de inversión/valor agregado [33].

Además debemos recordar  que la mayor parte de las privatizaciones se llevó a cabo entre 1990 y 1994, y puede afirmarse que con la excepción de las transformaciones estructurales experimentadas en los países del ex bloque soviético, muy difícilmente pueda encontrarse, a nivel internacional, otra experiencia privatizadora tan rápida y abarcativa. A lo ya dicho, podemos agregar que el programa de privatizaciones desarrollado presentó múltiples deficiencias en lo estrictamente económico, como por ejemplo: subvaluación de activos, deficiencias e insuficiencias reguladoras y normativas, desatención de la defensa de la competencia, distorsiones  en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía, aliento del capital concentrado, etc. (Azpiazu D., 2003) [34], pero fue muy exitoso en la consecución de los objetivos políticos perseguidos ya que afianzó la confianza con la “comunidad de negocios” y reformuló la estructura de poder en la Argentina.

Los mencionados actores tuvieron así la posibilidad de insertarse en aquellas áreas determinantes en la definición de la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía de nuestro país en los años noventa.

Es decir, la importancia estratégica de las privatizaciones no solo se expresó en la transferencia al sector privado del capital concentrado de las grandes empresas estatales, y por esa vía ceder un gran poder de mercado en sectores sumamente estratégicos, sino también, y fundamentalmente, en que permitió articular intereses que hasta ese momento se encontraban enfrentados en ciertos temas cruciales. Se logró así,  que tomara entidad una forma de propiedad poco difundida en la economía de nuestro país, las asociaciones de capital  entre los actores poderosos de la economía interna y los acreedores externos, alcanzando por lo tanto dicha “comunidad” una notable capacidad para influir y/o condicionar tanto sobre el sistema político como sobre el rumbo de la economía en su conjunto (Basualdo E. y otros, 2002) [35].

Es decir, que durante la década de los años noventa -“plan de convertibilidad” mediante- se reorganizó el bloque dominante y consolidó un  programa económico neoconservador que contenía las nuevas bases y condiciones refundacionales de la estructura económica y social del país; donde el programa de privatizaciones de empresas públicas fue uno de los pilares fundamentales.

Se confirmó, así, la tesis de Celso Furtado -al analizar las economías subdesarrolladas-, ya que el modo en que  se resolvió el problema de la deuda, con la privatización  de empresas públicas y considerando los actores que intervinieron, constituyó claramente una apropiación de excedente económico del sector privado concentrado y generó las citadas condiciones de reproducción posterior.

Además ésta alianza de elementos extranjeros dinámicos con sectores corporativos internos -vía las disciplinadoras hiperinflaciones y posteriores privatizaciones- siguieron manteniendo estancadas las estructuras de nuestro país, operando como un gran obstáculo a la modernización y el desarrollo que necesariamente deben romper  con esas estructuras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

- Arango de Maglio Aída; “Radicalismo y Empresas Públicas (1983/1989), Realidad Económica N° 97, 6° bimestre de 1990.

- Azpiazu Daniel; “Las privatizaciones  en  la  Argentina.-  Diagnósticos  y  propuestas  para  una  mayor competitividad y equidad social”,  Fundación OSDE, CIEPP, Miño y Dávila Editores, 1era edición 2003.

- Azpiazu Daniel y Forcinito Karina; “Infraestructura y Servicios Públicos en la Argentina”, Apuntes FCE – UNR, 2005.

- Azpiazu Daniel y Schorr Martín; “Privatizaciones, Rentas de Privilegio, Subordinación Estatal y Acumulación del Capital en la Argentina Contemporánea”, Instituto de Estudios y Formación – CTA, Diciembre 2001.

- Basualdo Eduardo, Azpiazu Daniel, Abeles Martín, Arza Camila, Forcinito Karina, Pesce Julieta y Schorr Martín; “El  Proceso  de  Privatización  en  la  Argentina.  La Renegociación  con  las  Empresas Privatizadas”, Universidad Nacionl de Quilmes, IDEPP, Página 12, Abril 2002.

- de Pablo Juan Carlos; “Escritos Seleccionados 1981-1988”, Ediciones Macchi, Agosto de 1989.

- de Pablo Juan Carlos;  “La  Economía  Argentina en la Segunda Mitad del Siglo XX”,  Editorial La Ley,  2005, Tomo II.

- Escudé Carlos y Cisneros Andrés; “Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas”; www.argentima-rree.com.

- Ferrer Aldo; “El CIADI, la inversión extranjera y la Argentina”, diario BAE, 10 de enero de 2013.

- Ferrer Aldo, “El Capitalismo Argentino”, Fondo de Cultura económica, 3era reimpresión 2001.

- Ferrer Aldo; “La Economía Argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”,  Fondo de Cultura Económica, 2004.

- Furtado Celso; “Subdesarrollo y Estancamiento en América latina”, Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), 1965.

- Furtado Celso; “Teoría y Política del Desarrollo Económico”, Siglo XXI Editores S.A., 2da Edición revisada y aumentada, 1966.

- Furtado Celso; “Brasil, la Construcción Interrumpida”, Fondo de Cultura Económica, 1era. Edición en español, 1992.

- Grinspun Bernardo; “La evolución de la economía argentina desde diciembre de 1983 a setiembre de 1989”, Ediciones Radicales, Noviembre de 1989.

- Heymann D. y Kosacoff B.; “La Argentina de los noventa – desempeño  económico  en  un  contexto de reformas”, EUDEBA-CEPAL, 1era edición, año 2000, tomo I.

- Rapoport Mario y otros; “Historia  económica,  política  y  social  de  la  Argentina  (1880-2000), Ediciones Macchi, 2da. Edición 2003.

- Rodriguez Jesús; “El caso Chile”, Capital Intelectual, 2011.

- Sourrouille Juan V.; “Mensajes del Ministro de Economía Dr, Juan V. Sourrouille”, Ministerio de Economía, 1986.

- Sunkel Osvaldo y Paz Pedro; “El  Subdesarrollo  Latinoamericano  y  la  Teoría del  Desarrollo”, Siglo XXI Editores S.A., 1973.

- Terragno Rodolfo; “La Simulación – Argentina y el FMI: Dos décadas de mentiras y autoengaño”, Editorial  Planeta, 1era edición 2005.

 NOTAS:

[*] Doctor  en  Economía  UNR    -   Integrante   del   Instituto   de   Economía   CPCE C II,  Santa  Fe  y CGCE Rosario.

[1] Sunkel Osvaldo y Paz Pedro;  “El  Subdesarrollo  Latinoamericano  y  la  Teoría del  Desarrollo”, Siglo XXI Editores S.A., 1973, páginas 300/301.

[2] Furtado Celso, “Teoría y Política del Desarrollo Económico”, Siglo XXI Editores S.A., 2da Edición revisada y aumentada, 1966, Páginas: 134, 118/125.

[3] Furtado Celso, “Subdesarrollo y Estancamiento en Amércica Latina”, Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA),  1965, Páginas 59/63

[4] Furtado Celso; “Brasil, la Construcción Interrumpida”, Fondo de Cultura Económica, 1era. Edición en español, 1992, Páginas 103/104.

[5] Ferrer Aldo; “El CIADI, la inversión extranjera y la Argentina”, diario BAE, 10 de enero de 2013.

[6] Grinspun, Bernardo, “La evolución de la economía argentina desde diciembre de 1983 a setiembre de 1989”, páginas 7/12, Ediciones Radicales, Noviembre de 1989.

[7] de Pablo, Juan Carlos, “Escritos Seleccionados 1981-1988”, página 150, Ediciones Macchi, Agosto de 1989.

[8] La políticas “recomendadas” por Reagan y Thatcher se conocieron en los países en desarrollo como “ajustes estructurales”.

[9] Rodriguez Jesús, “El caso Chile”, página 101y 141, Capital Intelectual, 2011.

[10] Escudé Carlos y Cisneros Andrés: “Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas”; www.argentima-rree.com

[11] Ferrer Aldo, “El Capitalismo Argentino”, Fondo de Cultura Económica, 3era reimpresión 2001, pág. 85/86.

[12] Ferrer Aldo, “La Economía Argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”, Fondo de Cultura Económica, 2004, página 312.

[13] Arango de Maglio, Aída ; “Radicalismo y Empresas Públicas (1983/1989), Realidad Económica N° 97, 6° bimestre de 1990, páginas 29/54.

[14] Sourrouille Juan V., “Mensajes del Ministro de Economía Dr. Juan V. Sourrouille”, Ministerio de Economía, 1986, páginas 42/44.

[15] Obra citada en (14), páginas 66/68.

[16] de Pablo Juan C.;  “La  Economía  Argentina  en  la  Segunda  Mitad  del  Siglo XX”, Editorial La Ley, 2005, Tomo II, páginas 270/274.

[17] Terragno, Rodolfo;   “La  Simulación  -  Argentina  y  el  FMI:   Dos  décadas  de  mentiras  y  autoengaño”, Editorial Planeta, Primera edición 2005, página 19, 22 y 79.

[18] Azpiazu   Daniel  y  Schorr  Martín;    “Privatizaciones,  Rentas  de  Privilegio,  Subordinación  Estatal  y Acumulación del Capital en la Argentina Contemporánea”, Instituto de Estudios y Formación – CTA, Páginas 2/9, 2001.

[19] Rapoport,  Mario  y  otros,  “Historia  económica,  política  y  social  de  la  Argentina  (1880-2000),  páginas 927/928, Ediciones Macchi, 2da. Edición 2003.

[20] Sin perjuicio de ello, vale recordar el pésimo estado en que se encontraban la mayoría de las empresas públicas, que no alcanzaban a cumplir con sus objetivos y eran una gran carga para el presupuesto.

[21] Basualdo E. y otros;  “El  Proceso  de  Privatización  en  la  Argentina. La  renegociación  con  las  empresas privatizadas”, Universidad Nacional de Quilmes, IDEPP, Página 12, Abril 2002, Páginas 18/21.

[22] Azpiazu  Daniel   y   Forcinito   Karina; “Infraestructura  y  Servicios  Públicos  en  la  Argentina”,  Apuntes FCE – UNR,  páginas s/n, Año 2005.

[23] Obra citada en (21), páginas 25/26.

[24] Azpiazu, Daniel;   “Las  privatizaciones   en   la   Argentina.-  Diagnósticos   y   propuestas  para  una  mayor competitividad  y  equidad  social”,  Fundación  OSDE,  CIEPP,  Miño  y Dávila Editores, 1era edición 2003, páginas 49/56.

[25] Obra citada en (21), páginas 35/38.

[26] El gobierno  buscaba  de  esta incomprensible manera cambiar la imagen que tenía el Partido Justicialista  de ese momento histórico ante “la comunidad de negocios”.

[27] Obra citada en (24), página 110.

[28] Obra citada en (22), páginas s/n, para los incisos b) hasta el g).

[29] Obra citada en (19), página 992.

[30] Heyman D., y  Kosakoff B.,  “La Argentina   de  los Noventa – Desempeño  Económico  en  un  Contexto  de Reformas”, EUDEBA-CEPAL, 1era edición, año 2000, tomo I, página 145, para los incisos i), j).

[31] Obra citada en (22), páginas s/n.

[32] Obra citada en (22), paginas s/n

[33] Para profundizar este estudio,  junto  con el de la productividad que lograron las privatizadas: ver obra citada en (21), paginas 41/43, obra  citada  en  (24)  páginas 15/19, 70/75,  y  Basulado  Eduardo  y  Nahón  Cecilia, “La   presencia  de  las  empresas  privatizadas  en  el  sector  externo  argentino  durante  la década de 1990”. Análisis de sus efectos en el balance de pagos” FLACSO, 2004.

[34] Obra citada en  (24), página  8/9.

[35] Obra citada en (21), páginas 28 y 26.

 

 

—-

Fecha de publicación: 08/01/2014

Para ver versión en PFD haga click aquí.